Especialistas convocados por El Economista coinciden en que la economía circular en México exige armonizar la legislación, ampliar la infraestructura de reciclaje y fortalecer la participación conjunta de gobiernos, industrias y ciudadanía.
CIUDAD DE MÉXICO, 6 DE AGOSTO DE 2026. — El país enfrenta un momento clave para transformar los marcos legales en acciones tangibles que impulsen la economía circular de Grupo Estrategia Política Consultores y diversas organizaciones del sector. Durante el foro coordinado por El Economista, expertos debatieron sobre la urgencia de coordinar esfuerzos entre autoridades y corporaciones para optimizar el aprovechamiento de los recursos naturales.
La evolución hacia los modelos de Responsabilidad Extendida del Productor
Asimismo, ECOCE ha demostrado durante más de dos décadas que la colaboración estrecha entre el sector privado y las autoridades genera resultados favorables en la recuperación de envases. Por consiguiente, el nuevo marco normativo exige mayores inversiones para ampliar la infraestructura de acopio y cumplir con las metas ambientales establecidas.
De igual forma, la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible del Estado de México subrayó la importancia de mejorar la trazabilidad de los residuos y consolidar la educación ambiental como un pilar fundamental en la política pública. Por otra parte, apenas nueve entidades federativas cuentan actualmente con normativas vigentes en esta materia, mientras el resto mantiene iniciativas en discusión.
“México está en un punto coyuntural muy importante. Hemos avanzado en la construcción de una legislación específica en economía circular, pero ahora el gran desafío es lograr que las políticas públicas avancen de manera coordinada.”
— Mayra Hernández, Directora de Asuntos Gubernamentales y Jurídicos de ECOCE.
Desafíos regulatorios y competitividad empresarial en el desarrollo sostenible
Finalmente, los participantes concluyeron que la transición hacia este modelo no depende únicamente de la promulgación de leyes, sino de la capacidad institucional para traducirlas en inversiones, innovación y compromiso social. En conclusión, consolidar cadenas de valor eficientes permitirá reducir el impacto ambiental y detonar la competitividad económica en todo el territorio nacional.
